Opinión de Osvaldo Avila Tizcareño
La actividad política y de gestoría que desarrolla el Movimiento Antorchista a lo largo y ancho del país, que ha sido y es en beneficio de la sociedad, está amparada en las leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en dos artículos:
Artículo 8. “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del Derecho de Petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.
Artículo 9. “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito. No se considera, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una a autoridad si no profieren injurias contra ésta, ni se hiciera uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee”.
Inicié este escrito citando fragmentos de la Carta Magna, la máxima ley de nuestro país y de la cual parten las leyes secundarias que amparan el marco legal que garantiza los derechos y obligaciones de los mexicanos. Como muchas otras facultades, la petición y organización contrastan con la realidad, pues aunque la ley protege claramente los derechos de los mexicanos, a la hora de ejercerlos estos se escamotean y niegan bajo diversas argucias.
Lo más común fue escuchar por parte de las autoridades pasadas: “no puedo atenderlos porque no tengo recursos”; y ahora con el arribo de Morena al poder se han puesto de moda frases como: “atenderé sólo peticiones individuales, no se atienden intermediarios”. Y si esto no fuera suficiente hay casos más drásticos donde simplemente se apuesta al cansancio de los peticionarios para que desistan, pero luego se agregan la descalificación y calumnias hasta llegar a la represión abierta con las fuerzas policiacas que son monopolio del estado, que en esas circunstancias dejan de velar por la seguridad de los ciudadanos para volverse en su contra.
Esa ha sido la historia de siempre, durante 47 años de la existencia de Antorcha como movimiento social, hemos conocido distintas facetas de gobernantes de todos los orígenes partidarios que aplican a su libre albedrío las conductas anteriormente relatadas. Por ende, los zacatecanos no podríamos escapar a tales razones, hoy viene a cuenta lo anterior con motivo de la realidad que enfrentamos en el ejercicio de los derechos de los que hablé al principio.
Ahora estamos en la recta final de la administración estatal y de los gobiernos municipales, el tratamiento que se le dio a las peticiones expuestas durante tres años fue diverso y en muchos casos francamente contrastante. Luego vino el proceso electoral efectuado en el mes de junio pasado dando lugar a que nuevas autoridades entren en funciones el próximo 15 de septiembre; en algunos casos se dio la relección de las autoridades municipales en funciones y por tanto, toda vez que continuará el mismo equipo en la administración, hemos acudido a exponer algunas necesidades ciudadanas y estamos a la espera de respuesta.
Dos casos vienen a cuenta: Guadalupe y Fresnillo. En el primer caso funge como Alcalde interino el Lic. Cesar Artemio González en sustitución del Lic. Julio Cesar Chávez Padilla, quién tendrá de nueva cuenta, por tres años más, la responsabilidad de conducir la administración municipal. En la última semana de julio acudió una comisión a presentar una solicitud por escrito a efecto de obtener una audiencia, posteriormente un servidor hizo lo propio y aunque como siempre hubo buen trato, se llegó al acuerdo de que a la siguiente semana recibiríamos respuesta, aún seguimos a la espera.
Mientras que en Fresnillo, una vez que retomó su responsabilidad de nueva cuenta el Alcalde Saúl Monreal, acudió una comisión encabezada por el Ing. Guillermo Guerrero Viramontes a solicitar se retomaran los acuerdos y aunque tardaron en programarla, finalmente mis compañeros fueron recibidos por el presidente, quien dejó asentado que existe voluntad de su gobierno por mantener el diálogo y para la segunda quincena de septiembre puedan lograrse compromisos que serán favorables para los ciudadanos fresnillenses organizados en nuestras filas.
Por lo tanto, deseo sinceramente que el desenlace de ambos casos sea favorable para la atención de las demandas ciudadanas. El marco legal referido da cuenta que nuestra intención no constituye ningún exceso, además de que las demandas son plenamente justificadas al tratarse de obras y servicios elementales como pavimentación, alumbrado público o de introducir redes de agua potable así como también de la gestión de apoyos alimentarios y de mejoramiento a la vivienda de familias en condiciones de precariedad.
Tomando en cuenta que la ley nos ampara, los peticionarios esperamos que no se repita lo acontecido en otros momentos y haya respuesta a las legítimas solicitudes, de no ser así sólo quedará como alternativa la lucha firme, valiente y decidida, que aunque implique riesgos es el único camino que queda a los menesterosos de este país.