Este jueves, la diputada local, Fernanda Miranda Herrera, perteneciente a la bancada del Partido Verde Ecologista (PVE) presentó ante la 64 Legislatura la iniciativa del punto de acuerdo para promover la prevención de delitos contra las mujeres, niñas y niños en el estado.
En el 2020 en Zacatecas, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia atendió 520 denuncias por diversos tipos de violencia contra menores de edad.
Las causantes de las denuncias son violencia intrafamiliar, en modalidad de maltrato psicológico y emocional, así como por abuso sexual.
Es por ello que la diputada local, preocupada y ocupada por las alarmantes cifras, consideró necesario aplicar acciones legislativas, administrativas y presupuestales en las que se involucren todo tipo instancias.
Asimismo y de ser necesario se replanteen leyes, reformas, reglamentos o disposiciones legales en el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Tenemos que hacer un replanteamiento, un cambio cultural de nuestras formas de vida y convivencia dentro del núcleo familiar, y aquí tenemos que acudir todos: gobierno, escuelas, clubes deportivos, medios de comunicación, iglesia, sociedad civil”, explicó.
En el punto de acuerdo se exhortó al Poder Ejecutivo, a Arturo Nahle, presidente del Tribunal Superior de Justicia; a José Murillo Ruiseco, fiscal General de Justicia y a Manuel David Pérez, procurador de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.
También llamó a María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); al Sistema Estatal del Desarrollo Integral para la Familia; a la o el próximo secretario de Educación y Cultura; así como a Uswaldo Pinedo, secretario de Salud para que se instalen mesas de trabajo de carácter técnico especializado.
Estas estarán integradas por servidores públicos y expertos designados por cada uno de los poderes.
También, exhortó a que se realicen talleres de prevención de violencia y abuso sexual, para así identificar cómo es que viven las niñas y niños o bien, lo que ya vivieron.
Lo anterior permitirá que se realice un estudio del marco jurídico vigente, que se elaboren las iniciativas de ley y de decreto pertinentes; que se analicen con toda objetividad las estructuras administrativas y finalmente que se revisen los presupuestos asignados a las dependencias y órganos, con el objeto de buscar soluciones reales.