La senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de establecer la obligación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los tres órdenes de gobierno para garantizar el apoyo legal a niñas, niños o adolescentes que hayan perdido a su padre o madre, mediante asesoría, orientación y seguimiento a las personas que ejercerán la patria potestad.
En el documento inscrito en la Gaceta del Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señala que de acuerdo con información del INEGI en 2022 había más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad que vivían sin sus padres.
En la mayoría de esos casos las madres o padres están muertos, privados de la libertad, desaparecidos o simplemente migraron a otra ciudad para buscar una mejor forma de vida, dejando a sus descendientes encargados con familiares o están abandonados.
Geovanna Bañuelos reconoce que si bien es cierto, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México prevé que cuando una niña, un niño o un adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentren bajo su tutela, se les brindarán los cuidados especiales, sin embargo, en la actualidad, la violación de los derechos de la infancia sin cuidado parental es una constante que se vive a diario.
“Frente a esta problemática, es menester garantizarles la posibilidad de conocer con exactitud y certeza cuáles son sus derechos al quedar en estado de indefensión, pues se piensa inequívocamente que las figuras jurídicas como lo son la patria potestad, guarda y custodia sólo surgen al momento del divorcio o separación de los padres, cuando en el tema de la orfandad también toman vital importancia», sostiene la senadora Geovanna Bañuelos.
En ese sentido, la legisladora por Zacatecas considera que la situación de estos menores de edad que por diferentes circunstancias han perdido a uno o ambos padres debe ser atendida.
“Las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad se enfrentan a una serie de desafíos únicos que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y social. Por lo que brindarles asesoría especializada en materia jurídica es fundamental”, destacó la senadora al presentar la propuesta.
Geovanna Bañuelos enfatiza que por sus propias características son un grupo vulnerable y son personas con derechos y obligaciones y qué derivado de circunstancias con la orfandad se encuentran en doble vulnerabilidad y desprotección. “En este sentido, el Estado debe garantizar su derecho a la restitución de la familia”.
Además, informó que México es el segundo lugar de América Latina con mayor número de menores de edad en estado de orfandad, con cerca de 1.6 millones, sólo después de Brasil.
A esto, faltaría sumar las muertes causadas por el virus COVID-19, que también repercutió de manera importante en el número de infantes que se han quedado sin un lugar en donde alimentarse, estudiar o ser cuidados, pues se calcula que aproximadamente cerca de 240 mil niños quedaron en situación de orfandad a causa de la pandemia que vivimos en el 2020.
Otro factor determinante en la situación de los menores de edad en estado de orfandad es la alta tasa de feminicidios que cobra la vida de varias madres cada día. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, indican que en el 75% de los casos de feminicidio, la víctima deja al menos a una hija o hijo en situación de orfandad.
“La orfandad modifica por completo la vida de quienes la sufren, pues al romper los vínculos familiares, se afecta la esfera social de las niñas, niños y adolescentes, y en la mayoría de los casos es necesario el cuidado de la salud mental, además, se propicia la deserción escolar, ya que, el estado de vulnerabilidad al que se enfrentan es mayor”, finalizó Geovanna Bañuelos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictaminación.
