Propone PT cerrar definitivamente “la puerta giratoria” para separar el poder político del poder económico

Los senadores por el Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas propusieron una reforma contra la llamada “Puerta Giratoria”, a fin de terminar con uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, separar el poder político del poder económico y que nunca más los servidores públicos que han concluido con su encargo utilicen de manera discrecional y para su beneficio la información privilegiada a la cual tuvieron acceso durante su función que no es del dominio público.

Con esta iniciativa se pretende poner un candado inclusive cuando el servidor público se haya retirado de su empleo, cargo o comisión, mediante el cual no pueda pasar de la administración pública a la privada con posibles beneficios patrimoniales de su encargo.

Lo anterior, mediante la modificación artículo 52, reforma el segundo párrafo del artículo 56, se adiciona el artículo 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“En México el cambio de ‘traje’ público al privado se ha convertido en una práctica inmoral y carente de ética entre muchos ex servidores públicos de alto nivel al terminar sus encargos, al grado tal de normalizar un conflicto de intereses. Desafortunadamente nuestra legislación se ha quedado corta en la regulación de esta problemática que beneficia al interés privado y perjudica al interés público”, señaló el senador Lucero Olivas.

Muchos son los exfuncionarios que han pasado del ámbito público al privado; escándalos que alcanzaron a los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, quienes después de terminar su gobierno trabajaron en empresas que representan sectores estratégicos para el país.

Explicó que en el mundo anglosajón se conoce como “puertas giratorias” al fenómeno por el cual se produce una circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado.

“Las puertas giratorias” son utilizadas por personas que ocupan cargos de influencia en grandes empresas o que ejercen en lobbies industriales para pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones públicas. A menudo acceden a ellas para crear políticas en las mismas áreas que, hasta ese momento, habían gestionado desde el ámbito empresarial.

Lamentablemente en México no hay impedimento legal la intromisión de las grandes empresas a la administración pública.

La iniciativa fue turnada para dictamen a las comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.